La adaptación al cambio es siempre un reto, la aceptación de la novedad también. La organización del aprendizaje a partir de las nuevas herramientas está resultando una prueba para quienes tienen que decidir sobre la incorporación de las tecnologías en las aulas.
La teoría ya está definida, o al menos, nos acercamos a consensos en cuanto a la utilidad y a los peligros. Pero la aceptación del teléfono móvil como recurso educativo está produciendo opiniones encontradas y decisiones contrapuestas.
Unas voces dicen que prohibir el móvil al alumnado en los centros escolares es ir a contracorriente de la sociedad en su conjunto, que el móvil es una herramienta más para el aprendizaje, y una muy buena herramienta. Que ya existe una fórmula testada de aprendizaje que se denomina “mobile-lerning”, que se puede educar con el móvil si se enseña a utilizarlo correctamente, y, además, que puede ser muy útil a la hora de motivar al alumnado.
Unas voces dicen que prohibir el móvil al alumnado en los centros escolares es ir a contracorriente de la sociedad
En definitiva, una realidad contrastada es que el móvil, bien utilizado, es un recurso extraordinario para el aprendizaje que, además, motiva y facilita la socialización.
Entonces ¿Por qué prohibirlo?
La llegada del teléfono móvil a las escuelas, con todos sus extras, cambió el clima de los centros y el estilo de relaciones sociales, tanto entre iguales como entre el alumnado y el profesorado. El desembarque fue de tal manera que se observó un cambio a peor en la disciplina, un crecimiento de los conflictos e incluso repercusiones en la salud de quienes se centraban tanto en los dispositivos que olvidaban la necesidad de actividad física para su desarrollo.
Ante la aparición de una nueva atracción había que tomar decisiones. Y como el móvil desviaba la atención, convertía los recreos en sedentarios, incorporaba cambios indeseados en el estilo de vida y se producían casos novedosos de acoso escolar, las decisiones han sido, en algunos casos, radicales.
Y pasados los primeros años de adaptación al teléfono móvil, han comenzado a llegar las prohibiciones.
La más reciente ha sido la del Gobierno italiano, que define al móvil como elemento de distracción para los y las estudiantes, y a esta definición la acompaña con la decisión drástica de prohibirlos.
Es una decisión que ya habían tomado otros gobiernos, como el francés, en 2018, que prohibió el uso del móvil en las escuelas para menores de quince años, en las aulas, los recreos, y en las actividades extraescolares.
Israel lo había prohibido de manera muy similar dos años antes, y Australia y Grecia lo decidieron a la par que Francia.
Incluso el país con un mayor número de móviles en su población infantil, China, se ha unido al club de los prohibicionistas hace poco más de un año.
En Portugal la norma es algo menos restrictiva, y circunscribe la prohibición a las aulas en las que se esté impartiendo clases.
En otros países, como Alemania o España, se ha optado por dar potestad de proscripción o permisividad a las regiones o comunidades territoriales, que tienen las competencias en educación, y en otros, a cada centro escolar de manera independiente.
Por ejemplo, en el Reino Unido se cede a cada escuela la decisión, y en este momento, el 98% de los centros han optado por la prohibición total del uso del teléfono móvil dentro de sus instalaciones.
En España la decisión está en manos de las comunidades autónomas, que, en éste asunto, tienen diferentes modos de enfrentarse a la situación.
Tres comunidades prohíben el uso del móvil en las escuelas, son Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid.
En Cataluña consideran que el reto, hoy, es incorporar los teléfonos móviles como recurso educativo en los colegios e institutos, y animan a sus centros a utilizar el móvil en el camino del aprendizaje. Se trata de acompañar a los niños y niñas a adentrarse en la realidad con todas las herramientas a su alcance. En Baleares la visión es muy similar a la de Cataluña.
En otras comunidades se traslada la decisión a cada centro; Andalucía, Navarra, País Vasco, Canarias, Asturias, Aragón, Cantabria.
En otras se trabaja con los centros para ir creando reglamentos de régimen interno similares que favorezcan la convivencia y faciliten el buen uso de los teléfonos. La Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Extremadura o La Rioja.
Son diferentes modos de enfrentarse a una realidad que ya está asentada, es conocida y a nadie pilla de sorpresa. ¿Se llegará a un criterio unificado? Demos tiempo al tiempo.
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